Ecuatorianos y colombianos ilegales en España

España se ha convertido, junto a países como Italia, en un lugar de inmigración reciente. Ambos siguen los pasos de Reino Unido o Francia, acostumbrados desde hace años a la llegada de extranjeros. La Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración tenía contabilizados, a 31 de diciembre de 2006, un total de 3.021.808 extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor (un 10,33% más que en 2005). Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales cree que el número de inmigrantes irregulares que hay actualmente en el país supera el millón. Según nacionalidad, los colectivos mayoritarios son el marroquí (543.721 personas), el ecuatoriano (376.233), el colombiano (225.504), el rumano (211.325) y el británico (175.870). Estas cinco nacionalidades representaban el 50,74% del total de extranjeros legales o documentados. Además, desde el año 2000 la Federación Rusa y Ucrania se han convertido en importantes países de origen. Las razones que empujan a los inmigrantes a salir de su entorno son, en la mayoría de los casos, económicas. Viajan con la esperanza de encontrar un empleo digno, con mejores salarios que los que perciben en su país.

Gustavo Fajardo es abogado especializado en derecho internacional público y coordinador de los servicios centrales jurídicos de la asociación América-España, Solidaridad y Cooperación (AESCO). Desde su experiencia, que supera los 20 años, afirma que quienes salen de su país no lo hacen porque quieran o porque busquen una aventura, sino porque allí trabajando ocho horas el sueldo no alcanza para comer. Tiene duras palabras para España, un país al que acusa de «haber comprado la industria latinoamericana a precio de remate» y «adueñarse de las empresas estratégicas de agua, electricidad, telefonía, gas y petróleo, donde tiene un monopolio». Por ello, cree que, en cierto modo, España tiene una deuda contraída con los ciudadanos de aquella parte del mundo «porque está obteniendo un rendimiento económico asombroso a costa de sus recursos». Incluso aporta algunas claves: «España tiene una responsabilidad en los temas de América Latina, por eso creemos que la entrada de personas latinoamericanas se resolverá en la medida en que haga una inversión en desarrollo de esos países para impedir que vengan los inmigrantes».

Fajardo insiste en que los inmigrantes «vienen esperando encontrar a alguien que les dé trabajo, para poder comer y enviar dinero a su familia, y un sitio para dormir», pero que, en ningún caso, «vienen soñando con la riqueza de aquí, sino que saben que lo van a pasar muy mal, que no van a tener papeles y que no van a poder salir a la calle, a un sitio público, porque la Policía les puede identificar y expulsarles». Pese a todo, el ‘Informe frontera sur. 1995-2006: Diez años de violación de los derechos humanos’ , elaborado por la ONG SOS Racismo a partir de 379 casos documentados en las fronteras de Ceuta (376) y Melilla (3), asegura que todos los inmigrantes subsaharianos que son expulsados a Marruecos vuelven a intentar entrar en España.