Las escuelas públicas en España acogen a 560.000 inmigrantes frente a los 120.000 de la concertada

Hace una década los extranjeros tan sólo representaban un 0,7% de los alumnos en los colegios españoles. Hoy su número se ha multiplicado por 14 -suponen el 9,4 %-, de los que casi cuatro de cada cinco están matriculados en la enseñanza pública. La desproporción es evidente: 560.00 estudiantes en centros públicos (que representan dos tercios de toda la red) frente a 120.000 en la privada (incluye la concertada, sufragada con fondos públicos). Además, la brecha no deja de crecer. El pasado curso hubo un aumento de inmigrantes de 1,3 puntos en las aulas públicas frente a 0,5 puntos en la privada.
La ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, reconoció ayer durante la conferencia de prensa de presentación del nuevo curso, la descompensación en el número de inmigrantes. Pero no ofreció datos disgregados entre las escuelas concertadas y privadas. “Hay un porcentaje más elevado en las públicas que en las concertadas, pero la FERE -la organización mayoritaria de la enseñanza concertada, religiosa- ha hecho en público su compromiso de tener un comportamiento solidario”.
“Esta desproporción es fruto de las normas de admisión actuales. Hay comisiones escolares y las consejerías vigilan las listas, así que no hay trampa ni cartón en la admisión. Prueba de ello es que nunca ha habido ninguna denuncia de no admisión”, explica Manuel de Castro, secretario general de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE), que agrupa al 80% de la enseñanza privada. “Los centros concertados tienen mucha demanda y enseguida se llenan, pero todos los alumnos cumplen los requisitos. Por eso, cuando los inmigrantes llegan con el curso empezado, se envían a los públicos, que tienen menos demanda”.
De Castro lamenta que el informe ministerial no separe en dos la enseñanza privada: la de pago (6,6% de todos los colegios de España) y la concertada (26%). “El bloque desajusta esa proporción. Nosotros tenemos más del 5,1% de inmigrantes. En la privada no hay inmigrantes”. El secretario general de la FERE recuerda, además, que hay que contar con la libertad de elección de los padres inmigrantes, “que no son pupitres y pueden elegir”.

Augusto Serrano, del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza (STES), también destaca el derecho de elección de las familias. Pero considera que la escuela concertada pone trabas al ingreso de extranjeros. “Aunque reciben dinero del Estado, seleccionan los alumnos. Les dicen a los padres de palabra que no hay plazas y ellos se van. O hacen una selección programando actividades extraescolares, deportivas por ejemplo, de pago. Y los padres sin dinero, que no quieren que sus hijos sufran discriminación, optan por llevarlos a la pública. Se debe exigir que en los centros concertados no existan actividades de pago, y quien lo permita que se le quite el concierto”, prosigue Serrano.

En el curso 2007-2008 se matricularon 85.579 inmigrantes más -un 14%- que el anterior año. Suramérica y Centroamérica concentran el 45,5% de las plazas, hijos sobre todo de ecuatorianos y colombianos. De Europa -en especial de Rumania- proceden el 29,2 – de África -la mayoría de Marruecos- el 19,4%, y de Asia el 4,8%. A medida que se asciende en la carrera escolar el porcentaje inmigrante disminuye. Son pocos los que acceden al bachillerato. Se decantan por la formación profesional de grado medio.
La LOE establece que los concertados deben reservar un número de plazas -establecido por las comunidades autónomas- para los inmigrantes que llegan a mitad de año. “No me gusta generalizar. Quiero pensar que las comunidades autónomas cumplen con lo que la ley manda. Tienen una responsabilidad solidaria y tienen una financiación pública”, reflexionó la ministra Cabrera.

Las diferencias entre comunidades autónomas son muy acentuadas. La de mayor porcentaje, La Rioja (15,1%), multiplica por siete la tasa de Ceuta (2,1%). Por encima de la media de 9,4% están, en orden creciente, los centros de Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña, Madrid e Islas Baleares. Y por debajo, en orden decreciente, Castilla-La Mancha, Canarias, Castilla y León, Cantabria, Melilla, País Vasco, Andalucía, Asturias, Galicia y Extremadura. El Consejo Económico y Social ha aconsejado una distribución equilibrada de estos escolares para evitar “procesos de marginación”. Porque estos estudiantes suelen llegar con un nivel académico más bajo que el alumno español, pertenecen en su mayoría a los sectores más pobres de su sociedad y muchos no hablan español, aspectos que frenan el ritmo de trabajo en las clases.
“Los datos no nos sorprenden vistas las políticas que se están llevando a cabo. Habría que preguntar a las comunidades autónomas. Para algunas, la cuestión educativa no es primordial pero sí importante, pero en otras está dejado a lo que salga. En Madrid parece que está concebida como la beneficencia para quienes no pueden ir a la concertada”, se lamenta José Antonio Martínez, portavoz de los directores de institutos de secundaria de Madrid.
elpais.com

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